Un plan integral para transformar Santiago del Estero en una provincia próspera, justa y transparente
Los fundamentos que guían nuestra propuesta de gobierno para Santiago del Estero
Creemos en un Estado que garantice las condiciones para la inversión privada, el desarrollo genuino y la creación de empleo, sin estorbar ni asfixiar a quienes trabajan y producen.
Un Estado presente donde hace falta, que asegure el acceso efectivo a derechos y servicios básicos —como salud, educación, agua, justicia y conectividad— en todo el territorio provincial.
Defendemos la libertad de expresión, la independencia de los poderes, la pluralidad política y el respeto por los derechos humanos.
Nuestro objetivo es romper con el modelo autoritario de dependencia, miedo y resignación que se ha consolidado en Santiago del Estero tras décadas de concentración del poder, clientelismo y abandono del interior.
Queremos frenar la migración y el desarraigo, creando oportunidades reales para que ningún santiagueño se vea obligado a irse en busca de un futuro mejor, y para que los que se fueron puedan volver y reconstruir su vida en su tierra.
Defendemos condiciones dignas de trabajo para quienes se desempeñan en el sector público, con estabilidad laboral, salarios justos y en blanco, concursos transparentes, capacitación y respeto por su tarea. El Estado no puede seguir funcionando sobre la precarización y el miedo.
Nuestro plan integral para transformar Santiago del Estero en una provincia próspera y justa
Nuestro objetivo es consolidar un modelo agroindustrial que transforme la producción primaria en valor agregado y empleo: de la soja al aceite, del trigo a la harina, del algodón a los textiles. Esto requiere reorientar la inversión pública hacia infraestructura básica —rutas, agua, energía, conectividad— y garantizar seguridad jurídica con un poder judicial independiente. Además, vamos a desarrollar actividades subexplotadas de gran potencial, como la industria forestal, hoy limitada a carbón.
Desarrollar un modelo agroindustrial que transforme la riqueza de nuestra producción primaria en trabajo local: de la soja al aceite, del trigo a la harina, del algodón a productos textiles, de la ganadería al frigorífico, la curtiembre y la exportación.
Reorientar el gasto público para atraer inversiones reales, con reglas claras, seguridad jurídica y obras de infraestructura: rutas, energía, conectividad y agua, para que producir en Santiago del Estero sea posible y rentable.
Bajar los impuestos que asfixian a comerciantes y emprendedores, empezando por reducir Ingresos Brutos al 1% para industrias y actividades generadoras de empleo.
Impulsar la formalización del empleo y la simplificación de trámites para emprendedores y pymes, eliminando trabas burocráticas que desalientan la actividad privada.
Promoción de consorcios rurales y cooperativas, brindando asistencia técnica, crédito y acceso a mercados para pequeños productores.
Hoy el sistema de salud funciona como un embudo: los hospitales del interior actúan como 'terminales de ambulancia' porque toda la demanda termina en el regional o CIS Banda. Vamos a fortalecer los hospitales del interior para que puedan resolver la mayor parte de la demanda sin derivar todo a Santiago o La Banda.
La mayoría de la población depende de la salud pública, que está colapsada, debido al desempleo, la informalidad laboral y la falta de acceso a cobertura médica.
De los 50 hospitales existentes en la provincia, sólo 2 o 3 funcionan plenamente, todos en Capital y La Banda. Proponemos poner en funcionamiento todos los hospitales del interior, con equipamiento, personal y recursos.
Contratación de 400 médicos con sueldos atractivos para que se radiquen en el interior. Esta medida, que representaría apenas el 1,5% del presupuesto provincial, tendría un impacto decisivo.
Estabilidad laboral y salarios dignos para los trabajadores de la salud, con condiciones adecuadas y concursos transparentes.
Normalización del IOSEP, intervenido desde hace más de dos décadas. Proponemos devolver su administración a los afiliados, con control, transparencia y eficiencia.
Libertad de afiliación para empleados públicos y jubilados, para que puedan elegir su cobertura médica.
Ningún santiagueño debe tener que cruzar a otra provincia para recibir atención médica básica. Garantizar atención integral en su lugar de residencia es una obligación del Estado.
La educación es un pilar fundamental del desarrollo humano y del arraigo en el territorio. Atraviesa una profunda crisis estructural, agravada por la precarización laboral, la falta de inversión estratégica y el abandono del interior.
Infraestructura escolar digna, con edificios seguros, agua potable y conectividad garantizada.
Monitoreo y mantenimiento preventivo de los edificios escolares, para evitar el deterioro prematuro. De nada sirve inaugurar un edificio si al cabo de unos años se viene abajo por falta de mantenimiento.
Normalización inmediata del Consejo General de Educación, para garantizar su funcionamiento institucional.
Cobertura de cargos docentes y directivos en todos los niveles, mediante concursos transparentes y conforme a la ley.
Paritarias docentes reales y regulares, que reconozcan el valor de la tarea docente.
Boleto estudiantil gratuito para todos los niveles, como herramienta de inclusión.
Educación técnica y de oficios articulada con la producción local, para brindar salida laboral.
Fin del adoctrinamiento en las escuelas, promoviendo el respeto, el pensamiento crítico y la libertad.
Gobierno transparente con control ciudadano del gasto público y fin del uso partidario de los recursos del Estado.
Auditoría integral del gasto del Estado, con foco en los gastos reservados, la pauta oficial y las obras sin licitación.
Publicación obligatoria online de todos los contratos, licitaciones, nombramientos y gastos del Estado provincial.
Reducción del gasto político y de los privilegios de la clase dirigente, empezando por la Casa de Gobierno.
Reasignación de fondos hacia infraestructura básica y servicios públicos, dejando de lado lo superfluo.
Fin del uso partidario de los recursos públicos: el Estado es de todos, no del gobierno de turno.
La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los santiagueños. La policía provincial carece de recursos, formación y controles internos adecuados. Lo primero es reformar y profesionalizar la fuerza policial, mejorando sus condiciones de trabajo e incentivando la capacitación.
Reforma profunda del Poder Judicial, con concursos públicos reales para jueces y fiscales, y fin de la dependencia del Ejecutivo.
Revisión de designaciones irregulares y vínculos entre justicia y poder político. Investigación y remoción de jueces y fiscales corruptos.
Auditoría completa del Poder Judicial, incluyendo revisión de causas 'dormidas'.
Protección para empleados judiciales que denuncien corrupción o abuso de poder.
Creación de una Fiscalía Anticorrupción con autonomía real.
Garantía de acceso a la justicia en todo el territorio, especialmente en el interior donde reina la impunidad.
Basta de utilizar a la justicia como herramienta de disciplinamiento político. Garantizaremos su independencia real.
Fin de la impunidad para los grupos violentos que usurpan, extorsionan o actúan con protección política.
Reequipamiento, formación y dignificación de las fuerzas de seguridad, con foco en profesionalismo y cercanía. Fin de los ingresos por contacto político y de las persecuciones dentro de la fuerza.
Presencia del Estado en zonas rurales y parajes aislados, con destacamentos móviles, caminos transitables y atención permanente.
Nuestro objetivo es reducir y eventualmente eliminar la dependencia de camiones cisterna para abastecimiento de agua en el interior. Vamos a declarar la emergencia hídrica y realizar un relevamiento exhaustivo de todas las localidades y parajes que no cuentan con agua de red o que tienen un servicio deficiente.
Establecer un plan de obras priorizado según factibilidad técnica, costo y urgencia sanitaria.
Muchas soluciones serán sencillas y de bajo costo —como perforaciones, extensión de cañerías, construcción, refuncionalización o ampliación de plantas potabilizadoras— mientras que otras, como los acueductos y diques, serán de mayor envergadura.
Impulsar soluciones adaptadas a cada región, como sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, plantas móviles de potabilización y redes comunitarias.
En materia de cloacas, priorizaremos las localidades con mayor densidad poblacional y riesgo sanitario, extendiendo redes y construyendo plantas de tratamiento donde no existan.
Recuperar la capacidad operativa y presupuestaria de Vialidad para enfocarla exclusivamente en obras viales, declarando la emergencia en infraestructura vial.
Realizar un relevamiento completo de rutas y caminos rurales, establecer partidas exclusivas para obras viales.
Acceso transparente y equitativo a la vivienda digna, con revisión de las adjudicaciones irregulares y un sistema justo para todos los santiagueños.
Revisión de adjudicaciones irregulares del IPVU, como las de las Torres del Río, y la implementación de un sistema transparente y verificable para priorizar a quienes más lo necesitan.
Que en la adjudicación de las viviendas se tenga en cuenta la antigüedad de la inscripción. No más sorteos truchos, no más avales políticos, no más favoritismo.
Todas las viviendas del IPVU van a tener la misma calidad, no puede haber santiagueños de primera y santiagueños de segunda.
Regularización dominial para miles de familias que viven hace años en sus terrenos.
Nuestra política social estará orientada a la autonomía y no a la dependencia. El eje central será generar empleo genuino a través del modelo agroindustrial.
Crear un programa de primer empleo joven con capacitación y pasantías, acompañado de incentivos fiscales para quienes los contraten.
Transformar la política del espectáculo deportivo en una verdadera política de Estado para la inclusión.
Apoyar a los clubes de barrio y espacios comunitarios con infraestructura adecuada, provisión de material deportivo y la incorporación de entrenadores, profesores y personal de apoyo.
Construir polideportivos en los barrios de las grandes ciudades de la provincia, para que los jóvenes puedan practicar deportes cerca de sus casas.
Redirigir recursos que hoy se destinan a grandes espectáculos deportivos hacia el fortalecimiento del deporte comunitario, porque creemos que la inclusión y el desarrollo se construyen desde la base y no desde el show de elite.
Para los sectores más vulnerables, continuar la asistencia alimentaria y habitacional, pero vinculada a programas de educación, formación y empleo que permitan superar la pobreza de manera estructural.